“La Iglesia no nos quiso escuchar” la frase es de Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y resume el problema de la petición de Indulto Bicentenario presentada esta semana por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica al Presidente Sebastián Piñera. Por otro lado, incorpora sin embargo a la “mesa para todos” del indulto a militares condenados en casos de derechos humanos.

En Chile, como en toda sociedad moderna, la actitud hacia los derechos humanos es definitoria de esta calidad y el respeto hacia esos derechos forma su base. Cuan complejo es el asunto por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura lo muestra el debate abierto por esta situación: por primera vez en una petición de indulto de la Iglesia, ésta incluye militares condenados por crímenes de esa naturaleza. Y  ocurre a sólo días del reciente fallo de la justicia en el caso del general Carlos Prats. Que personeros de derecha abogen por indultar a los militares que cumplen condenas - hace ver que una parte de la derecha aún no elabora el significado de los crímenes de lesa humanidad. El consenso base acerca de los DDHH adolece entonces de esa vulnerabilidad. Es un asunto que debiera generar un mayor debate.

Hace evidente cuan vital es para Chile ( y para todo el continente), la defensa de los DDHH. La justicia para los casos de derechos humanos son y serán aún por muchos años asunto sustantivo para el país. En la actualidad las situaciones más críticas en este ámbito, pero aún no reconocidas como tales por la opinión pública, suceden por el impacto de las políticas del Estado hacia las reivindicaciones de comunidades mapuches.

En algún momento de la vida en nuestra democracia post- Pinochet, el legado del facismo y del integrismo criollo, que en los años de la dictadura convivió con el poder y defendió o encubrió desde la prensa sus horribles crímenes, dio paso a versión más democrática de una derecha que ha logrado emparentarse con la democracia en un proceso complejo que, por lo demás, hizo posible la evolución política del país en las dos décadas de gobiernos concertacionistas. El único asunto pendiente verdaderamente sustantivo de ese legado de crímenes de lesa humanidad son estos déficits observables aún en la cultura de DDHH de esta derecha religioso-integrista. Aparecieron en sus adhesiones a favor de Pinochet cuando el dictador estaba aún en vida y enfrentaba la justicia y aparecen también ahora en declaraciones de sus representantes a favor de los militares condenados. El caso reciente del embajador de Chile en Argentina, que impactó a la opinión pública argentina y chilena por su defensa de la dictadura ilustra la resiliencia de esa ideología. Que se manifiesta también en la prensa, por ejemplo, en el apoyo editorial de El Mercurio (diario que en dictadura ilustró totalmente al facismo chileno) a la idea de no discriminar civiles de uniformados en este indulto.

El tema del facismo es pertinente: explica la crueldad y los horrores de los crímenes de lesa humanidad: seres humanos destrozados, torturados, desaparecidos. El exterminio permite reconocer la huella del facismo en la historia moderna de la humanidad, en la primera mitad del siglo XX en Europa, en la segunda mitad de siglo en América Latina. Por lo cual es inquietante que la justicia de los casos de crímenes de lesa humanidad forme una dimensión aún vulnerable de la sociedad chilena como lo muestra la incapacidad de terminar con la Ley de Anmistía. Desde el reciente fallo en el caso del general Carlos Prats, en que se caracterizó drásticamente a los uniformados involucrados de asociación ilícita para el terrorismo no cabe duda legal. La reacción del Comandante en Jefe del Ejército, acorde al fallo, también ha sido de drástico rechazo al crimen y a quienes estuvieron involucrados. En este contexto la actitud de la Conferencia Episcopal es difícil de entender y señala más bien un retroceso en su entendimiento jurídico de la situación.

Tomó varias décadas a la sociedad alemana restablecer la verdad y conmemorar las numerosas - fueron millones - víctimas del nazismo. Pero en algún momento de la década de los ochenta se empezó a observar muestras generalizadas de ese proceso: monumentos recordatorios dedicados a la memoria de los vecinos víctimas del Holocausto, con sus largas listas de nombres, donde los vecinos de hoy dejan flores. Señales de una sociedad que toma en sus manos, sin relativismos, la conmemoración de los sufrimientos y horrores vividos por las víctimas. Y que superan así las ideologías o prejuicios que le habían impedido reconocer los crímenes como tales.

Es probable que a la sociedad chilena y a sus historiadores le tome aún décadas reconocer la magnitud del horror de los crímenes de la dictadura de Pinochet. Pero mientras tanto, es importante que por lo menos la justicia siga trabajando en su esclarecimiento. Sobre todo, en el caso de los detenidos desaparecidos. Por nombrar a uno – a Miguel Woodward – cuyos parientes siguen buscando incansablemente sus restos. Dicen que estuvo detenido en el recinto de la Universidad Santa María. Esos días y horas de su detención en la universidad yo vivía a sólo unos metros de allí. Cada vez que leo acerca de él, de los avances de la justicia en su caso, de la incansable búsqueda de sus restos y del silencio de los responsables y de la Marina – recuerdo esa cercanía. Sin saberlo, fuimos vecinos.

La Conferencia Episcopal se equivoca al apresurarse a solicitar clemencia para militares cuando aún queda mucha justicia por hacer. ¿Qué pasa con esta Iglesia Católica contemporánea que muestra debilidad allí donde antes mostraba fortaleza? Todavía el horror y el dolor de los crímenes y la poca justicia marcan estos hechos. Por eso tiene sentido la declaración del juez Milton Juica, presidente de la Suprema, de que indulto y amnistía no corresponden en democracia. Declaración que nos recuerda, que aún está pendiente terminar con aquella ley de amnistía – como por lo demás ya lo han hecho nuestros vecinos.

En el punto 4 de la sección III, el documento del episcopado señala sucintamente:

“No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de la libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos.” (Página 4 del documento).

Con la incorporación de militares condenados por delitos de derechos humanos, que han cometido crímenes atroces contra seres humanos prisioneros que sufrieron en sus manos inimaginable horror y sufrimiento, la Iglesia Católica ha cometido el error de no haber escuchado en esta ocasión a los familiares de las víctimas. Cuando la justicia ha sido generosa con los condenados, al aplicar medias prescripciones allí donde incluso esto no es permitido por tratados internacionales en crímenes de lesa humanidad y donde la misma justicia demoró décadas en cumplir su tarea. La clemencia que pide la Iglesia es un llamado a la generosidad humana. Nadie duda de la nobleza de este llamado y que éste será consedido en los casos en que el indulto sea una decisión legítima y razonable. Que no dañe sin embargo, más por el contrario, escuche, a los familiares de las víctimas de los crímenes en primer lugar.